El college football está atravesando su primer ciclo completo bajo el esquema de revenue sharing, el sistema que desde julio de 2025 habilita a las universidades a pagarle directamente a sus jugadores. Lo que en su momento fue presentado como un cambio administrativo ya empezó a transformar, de manera concreta, la forma en que los programas reclutan y retienen talento de cara a la temporada 2026.
Según agentes, reclutadores y familias, el efecto se sintió meses antes de que el nuevo sistema entrara en vigencia: varios programas de las conferencias Power 4 adelantaron ofertas y renegociaron contratos con jugadores y transfers antes del 1° de julio, para que esos acuerdos quedaran fuera del tope de reparto que arrancó ese mismo día. En algunos estados con leyes de NIL favorables para menores, como California, Oregon y Washington, hubo reportes de pagos mensuales de hasta 25.000 dólares a reclutas de la clase 2026 todavía en el secundario.
El resultado es un reclutamiento mucho más transparente en materia económica que en años anteriores, pero también mucho más desigual entre programas. Con un tope de reparto que arrancó en 20,5 millones de dólares por universidad -repartidos entre todos los deportes, no solo fútbol americano- y que crecerá un 4% cada año hasta proyectar los 33 millones para 2032, la capacidad de pago pasó a ser una carta de reclutamiento tan importante como el prestigio histórico de cualquier programa.
Una brecha que ya se refleja en los números de cada roster
El contraste entre conferencias es cada vez más marcado. Los programas de la Power 4 manejan, en promedio, un presupuesto de roster cercano a los 23 millones de dólares para la temporada 2026, con la mitad de los equipos de la SEC superando los 30 millones. En el otro extremo, los programas del Group of Six apenas manejan entre 1 y 3 millones de dólares, casi en su totalidad proveniente del propio revenue sharing, sin margen para competir con dinero de NIL externo al mismo nivel que las potencias tradicionales.
A esa diferencia hay que sumarle un dato clave: el tope de reparto de 20,5 millones solo aplica al dinero que sale directamente de la universidad. Los acuerdos de NIL con colectivos, sponsors y patrocinadores externos quedan completamente afuera de ese límite, lo que en la práctica multiplica el presupuesto real de los programas más poderosos. Ese esquema doble explica por qué algunos gerentes deportivos, como el de Alabama, ya reconocieron públicamente que ciertos programas destinan más de 40 millones de dólares a la construcción de un plantel competitivo por el título nacional.
A un año de haber arrancado, el revenue sharing ya dejó en claro que el reclutamiento universitario cambió para siempre: el poder económico de cada programa pasó a ser, quizás, el factor más determinante a la hora de definir dónde termina jugando cada recluta. La brecha será cada vez más amplia y a los programas más chicos se les hará cada vez más difícil competir contra las potencias universitarias.