El Comité de Supervisión de la División I FBS aprobó a fines de marzo un cambio radical en la aplicación de la regla de targeting. A partir de la temporada 2026, y como prueba de un año, un jugador expulsado por primera vez en la temporada podrá jugar el partido siguiente sin importar en qué mitad haya cometido la infracción. Algo impensado bajo el esquema vigente hasta el año pasado.
Hasta ahora, cualquier expulsión por targeting en la segunda mitad arrastraba automáticamente una suspensión para la primera mitad del próximo partido. Esa regla generó años de quejas de entrenadores, jugadores y programas, que consideraban desproporcionado perder a una pieza clave en dos encuentros distintos por una sola infracción. El detonante final llegó en el último campeonato nacional. Mario Cristobal cuestionó públicamente la sanción que dejó afuera a un titular de Miami (FL) en el arranque de la definición del título.
El problema es que la solución elegida por la NCAAF parece atacar el síntoma equivocado. En lugar de mejorar la precisión con la que se sanciona el targeting o de reforzar el proceso de apelación para casos mal aplicados, la organización optó por directamente reducir el peso de la sanción. Y ahí es donde el College football corre el riesgo de pagar un costo mucho más alto a mediano plazo.
Una decisión que prioriza el calendario por sobre la seguridad
El targeting no es una regla más. Fue creada para desalentar los golpes con la cabeza, uno de los principales factores de riesgo de conmociones cerebrales y lesiones graves en la cabeza y el cuello. La suspensión que se acaba de eliminar no era un capricho arbitrario, sino el mecanismo que le daba peso real a la sanción. Sacar a un jugador por el resto de un partido ya perdido, o de un encuentro donde su equipo iguala cómodo, no representa un costo real. El verdadero desincentivo estaba en perderse, además, la primera mitad del próximo compromiso.
Con el nuevo esquema, un jugador expulsado por targeting en, por ejemplo, el tercer cuarto, prácticamente no sufre ninguna consecuencia deportiva. Se pierde un puñado de jugadas irrelevantes y vuelve a estar disponible al 100% la semana siguiente. Eso debilita el mensaje que la propia regla buscaba transmitir desde su creación en 2013: que un golpe a la cabeza, intencional o no, tiene una consecuencia que trasciende la jugada puntual.
Además, el argumento de la “proporcionalidad” que empujaron coaches y programas esconde un incentivo perverso. Si la sanción se reduce a la expulsión del partido en curso, muchos entrenadores podrían empezar a tolerar un estilo de juego más agresivo. A sabiendas que el peor escenario es perder a un jugador por el resto de un encuentro. La lógica de “totalmente aceptable, el jugador vuelve la próxima semana” cambia el cálculo de riesgo tanto de jugadores como de cuerpos técnicos.
Tampoco ayuda que el nuevo sistema recién se vuelve severo a partir de la segunda infracción en la misma temporada. En la práctica, la enorme mayoría de los casos de targeting de una temporada terminan siendo primeras infracciones. Así que el nuevo modelo suaviza la sanción justo donde más se aplica en los hechos.
Es cierto que existían casos límite, situaciones donde la tecnología de replay dejaba dudas razonables sobre si la jugada realmente merecía la expulsión, y ahí sí había margen para mejorar el sistema de apelaciones. Pero condicionar toda la estructura de sanciones a esos casos puntuales, en lugar de perfeccionar la revisión en video, es resolver el problema equivocado. El College Football tenía una herramienta imperfecta, pero efectiva, para proteger la cabeza de sus jugadores. A cambio de aliviarle el calendario a un puñado de estrellas, corre el riesgo de debilitar justamente el mensaje de seguridad que costó una década de discusión instalar.